Desde Jdigital, como asociación que representa a los operadores de juego online con licencia en España vemos con preocupación la aprobación hoy, en el Consejo de Ministros, del Real Decreto que introduce un nuevo sistema de límites conjuntos de depósito para el juego online en España.

En concreto, la norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, establece por primera vez un tope de 700 euros diarios, 1.750 euros semanales y 3.300 euros cada cuatro semanas, al conjunto de operadores en los que un usuario tenga cuenta. Un nuevo sistema que sustituye al modelo anterior, en el que los límites económicos se fijaban de manera independiente por cada operador.

Hasta ahora, el número total de depósitos que podía realizar un usuario dependía del número de operadores en los que tuviera cuenta, lo que permitía superar los límites previstos si distribuía su actividad entre distintas plataformas. Sin embargo, según datos de la propia DGOJ, alrededor del 80% de los jugadores online en España solo participa en un único operador, lo que demuestra que el problema que la norma pretende corregir afecta a un segmento muy reducido del mercado. Del mismo modo, esta normativa tiene un claro impacto en lo que a competitividad se refiere, beneficiando en último término a los operadores que acaparan la mayor parte de la actividad y que, con este límite conjunto, podrán alcanzar aún mayor concentración.

Un problema que se une a la tendencia regulatoria que, desde hace años, viene imponiendo la DGOJ marcada por una dinámica normativa que ha priorizado la introducción de restricciones sobre la oferta legal sin acompañarlas de medidas que refuercen la competitividad y el atractivo de los operadores regulados, incluyendo la que nos ocupa y que provocan que una parte de nuestros usuarios prefieran desplazarse hacia entornos no regulados. Y que, por tanto, genera inquietud entre los operadores autorizados.

La acumulación de limitaciones puede continuar favoreciendo el desplazamiento de parte de los consumidores hacia operadores sin licencia no autorizados, ajenos a los mecanismos de supervisión y protección que caracterizan al entorno regulado y que compromete los objetivos de seguridad y control que la propia normativa pretende reforzar y a los que, de acuerdo con un informe elaborado por EY para Jdigital, acceden uno de cada cuatro jugadores.

Asimismo, este nuevo sistema, cuya eficacia práctica aún no ha sido evaluada, no solo implica costes operativos y tecnológicos relevantes tanto para la Administración como para los operadores, sino que además puede generar ineficiencias o efectos disuasorios que dificulten la consecución de los objetivos previstos. Por no mencionar la evidente complejidad técnica de un sistema informático que centralizará la DGOJ y que tendrá que reaccionar en tiempo real a la actividad simultánea de miles de jugadores en todo el país.

Desde Jdigital ya hemos hecho referencia en múltiples ocasiones a las dudas que este sistema ofrece desde el punto de vista operativo y recordamos la importancia de que los eventuales fallos que pudieran derivar no se reviertan en sanciones a los operadores. Asimismo, será fundamental que la entrada en vigor de todas estas medidas contemple adecuadamente el tiempo de adaptación que un sistema de estas características requiere.

También echamos en falta una justificación basada en evidencia que permita acreditar la necesidad y proporcionalidad de esta intervención. Tras varios años de reformas sucesivas, sigue pendiente una evaluación integral sobre su impacto en el mercado regulado, en la protección efectiva de los consumidores y en la evolución del mercado ilegal.

Desde Jdigital consideramos esencial que cualquier nueva obligación normativa se diseñe en atención a las necesidades y retos reales del sector, contribuyendo a mantener un mercado de juego online seguro, dinámico y garantista. Por ello, reiteramos nuestra plena disposición al diálogo y la cooperación con las autoridades públicas para avanzar en soluciones eficaces, proporcionadas y alineadas con la protección del usuario y la integridad del mercado.